Mayo 01, 2016.-Penas máximas mencionadas en registros de la corte van de 2 a 10 años, pero la mayoría son condenados a tiempo cumplido. Poco después de la condena, estos extranjeros son entregados a inmigración y deportados. Decenas de extranjeros detenidos mayormente en el aeropuerto han sido deportados.
Cuando Edgar Hernández fue acusado de mentir a un cónsul estadounidense en México para obtener una visa para Estados Unidos, enfrentaba una pena máxima de 10 años en la penitenciaría si era encontrado culpable en el juicio. Pero al final de cuentas, Hernández fue condenado a tiempo cumplido y entregado a las autoridades de inmigración para su deportación.
Algunos abogados que manejan este tipo de casos dicen que instruir de cargos penales a estos acusados es una pérdida de tiempo y de recursos porque el resultado final suele ser el mismo: el acusado se declara culpable, es condenado a tiempo cumplido y deportado.
“¿Por qué enjuiciarlos?”, preguntó el abogado Alex Solomiany, que ha manejado muchos de estos casos. “La pena más grande es la deportación”
“En última instancia, no es una situación donde todos van a ser procesados o todos los casos no va a ser procesados”, dijo Solomiany. “Lo hacen para desalentar un nuevo reingreso después de la deportación y también para disuadir a otras personas de hacer algo similar”.
Wilfredo Allen, un veterano abogado de inmigración en Miami, se hizo eco del análisis de Solomiany diciendo que no encarcelar a los extranjeros que se ven acusados de fraude con visa o de reingreso después de una deportación previa es a menudo una herramienta que usa el gobierno para ahorrar recursos y tiempo.
“A pesar de que la pena máxima de prisión podría ser de varios años, dándoles tiempo cumplido y deportándolos, es un proceso más eficiente, y menos costoso para el gobierno de Estados Unidos porque simplemente son detenidos por 30, 60 o 90 días y son condenados a tiempo cumplido y luego deportados”, dijo Allen.
Costo de encarcelar a extranjeros
El grupo defensor de derechos humanos Human Rights Watch dijo en un estudio del 2013, que el costo de encarcelar a extranjeros condenados por entrada ilegal y reingreso ilegal después de la deportación, fue de aproximadamente $1,000 millones en el año fiscal 2011.
Solomiany recientemente representó a José Francisco Medina, un hondureño arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) el 23 de enero, luego que los funcionarios de control de pasaportes descubrieron que había excedido previamente el tiempo de estadía autorizada por su visa, quedándose a vivir ilegalmente por cinco años en Miami.
El documento de cargos contra Medina recomendaba una pena máxima de 10 años de prisión.
Pero el juez del caso condenó a Medina a tiempo cumplido. Posteriormente, Medina fue entregado a las autoridades de inmigración para ser deportado.
Aunque los extranjeros han sido acusados de delitos como lo requiere la ley federal de inmigración, no han sido enviados a prisión porque deportarlos ahorra recursos al gobierno federal, que de otro modo serían utilizados para su manutención en las cárceles, y porque de esta manera las autoridades desalientan intentos de emigrar ilegalmente.
Estadísticas de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos muestran que los casos de violación de las leyes de inmigración se encuentran entre los más comunes de los expedientes judiciales presentados en los tribunales federales después de los delitos por drogas.
Según el informe anual de la Comisión de Sentencias, para el año fiscal 2015 los casos relacionados con inmigración, el fraude y las armas de fuego representaron el 81.6 por ciento de todos los casos reportados a la Comisión el año pasado.
Separar las familias
Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes dicen que las deportaciones separan familias.
Un ejemplo de ello fue el arresto, el procesamiento judicial y la eventual expulsión de Mario Alcerro, un hondureño que operaba un exitoso negocio de fabricación de mostradores de cocina en Miami.
Alcerro llegó ilegalmente a Estados Unidos en 1998, y su esposa Karla se le unió un año después.
Tuvieron dos hijos nacidos en Miami, Carlos Mario, que ahora tiene 16 años, y Karolay, de 13.
En 2010, una infracción de tránsito descarriló la estabilidad de su vida familiar en Miami. Alcerro fue detenido por conducir sin licencia y, más tarde, deportado por no tener documentos de inmigración.
Su esposa Karla y sus hijos se reunieron con Mario en Honduras –pero la familia decidió regresar ilegalmente a Estados Unidos pocos meses después debido al empeoramiento de la violencia de pandillas en su país.
La familia cruzó el Río Bravo en una balsa y se asentó brevemente en Laredo, sin ser detectados. Un tercer hijo, Mariano, nació allí hace tres años y medio.
Con el tiempo, la familia regresó a Miami y reanudó la operación de su negocio de mostradores de cocina.
El año pasado, agentes de inmigración encontraron a Alcerro de nuevo, lo detuvieron y lo acusaron penalmente de haber regresado a Estados Unidos a pesar de su deportación anterior.
El encausamiento del caso decía que Alcerro podría haber sido condenado a dos años de prisión si iba a juicio y era encontrado culpable.
Pero Alcerro se declaró culpable, fue condenado a tiempo cumplido y deportado de nuevo.
El informe de Human Rights Watch dice que la entrada ilegal, un delito menor por ingresar al país sin autorización, y el reingreso ilegal, un delito grave por volver a entrar al país después de una deportación previa, son los delitos federales más procesados judicialmente en Estados Unidos.
“En el 2002”, según el informe, “había 3,000 procesos judiciales por entrada ilegal y 8,000 por reingreso ilegal, pero una década más tarde, en el 2012, estos procesamientos habían aumentado a 48,000 y 37,000, respectivamente. Estos casos son más numerosos que otros delitos federales procesados con frecuencia, tales como drogas, armas
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