Junio 16, 2018.- Tras pasar más de un mes desaparecido, Pedro Jaimes, detenido el 12 de mayo, logró comunicarse con sus familiares este 15 de junio para informarles que había recibido malos tratos y lesiones físicas en El Helicoide, informó la ONG encargada del caso, Espacio Público. Entre 2002 y 2017, Provea ha registrado 194 desapariciones.
Caracas. El “crimen” de Pedro Jaimes, de 53 años, fue publicar la ruta del avión presidencial a través de su cuenta de Twitter (@AeroMeteo) el pasado 3 de mayo. Por esto, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se lo llevaron detenido el 10 de mayo, en Los Teques, sin orden judicial.
Aunque dos días después fue presentado ante los tribunales, desde el 12 de mayo, ni familiares ni abogados supieron de su paradero hasta este 15 de junio, cuando el hombre logró comunicarse con sus parientes y denunciara malos tratos y lesiones físicas en el Sebin de El Helicoide, reportó a través de Twitter Espacio Público, asociación civil que lleva el caso.
De acuerdo con uno de los abogado de la ONG, Ricardo Rosales, Jaimes estuvo desaparecido más de un mes, mientras las autoridades siguen sin dar respuestas oficiales.
#DenunciaEP | Tras un mes desaparecido, hace minutos Pedro Jaimes Criollo se comunicó con su familia. Denunció malos tratos y lesiones físicas en Sebin El Helicoide #15Jun
Ni Rosales ni Amado Vivas, su otro defensor, han podido juramentarse como sus abogados formalmente, ya que para esto se necesita de la presencia del detenido, traslado que los organismos no han cumplido tras varios intentos de los defensores. Ya son más de 32 días en los que no se ha podido leer el expediente, por lo que no se sabe de qué se le acusa.
El caso de Jaimes, un hombre aficionado a la aviación, entra en la definición de lo que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) califica como “desapariciones forzadas”:
“Estas ocurren cuando una persona es arrestada, detenida o secuestrada contra su voluntad o es privada de su libertad por oficiales de diferentes niveles del gobierno o grupos organizados o individuos privados que actúan en nombre de o con el apoyo, directo o indirecto o consentimiento o aquiescencia del Gobierno, seguida de una negativa de revelar el destino o paradero de las personas afectadas o una negativa a reconocer la privación de su libertad, que coloca a tales personas fuera de la protección de la ley”.
Para Inti Rodríguez, coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de la ONG Provea, con estas acciones los organismos pretenden “anular” simbólica y físicamente a la víctima, pues de esta manera se encuentra bajo riesgo y vulnerabilidad, al tiempo que la pone en estado de incertidumbre al no informarle sobre su situación. También con esto se busca ocultar posibles evidencias de torturas y golpizas.
Aeronave presidencial FAV0001 ruta BAEL Aragua – Maiquetia SVMI en final corto pista 10 ILS #3May
En el caso de Jaimes, el abogado Rosales presume que se le puede imputar por seguridad contra el Estado, al dar la información de la ruta presidencial, argumento inválido, pues este tipo de contenido es de consumo público al encontrarse fácilmente en la web.
Jaimes no es el único que entra en este tipo de casos en lo que va de año. El pasado 23 de mayo, Jorman Ortiz y Hebert Ramírez fueron detenidos por funcionarios policiales mientras asistían a una manifestación en contra del gobierno de Nicolás Maduro que se realizaría en la plaza Alfredo Sadel, la cual estuvo rodeada de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Sebin. Desde entonces, no se tiene información de los jóvenes, quienes también participaron durante las protestas antigubernamentales que se realizaron entre abril y julio del año pasado.
